La hija del presidente del Senado declara como imputada en la 'operación Astapa'

  • Es directora del área de Urbanismo y pidió comparecer ante la Policía para tener así más garantías procesales.
  • También lo hizo hoy el alcalde en funciones, el andalucista Rafael Montesinos, al igual que el abogado Ignacio Pérez de Vargas.
  • A su salida aseguró haber aportado información.
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La directora del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Estepona, Patricia Rojo (hija del presidente del Senado, Javier Rojo), declaró hoy como imputada en la
operación Ataspa contra la corrupción urbanística en esa localidad, a petición propia y para tener así más garantías procesales.

Rojo abandonó las dependencias policiales sobre las 14.35 horas, acompañada por tres personas y sin hacer declaraciones a los medios de comunicación. El alcalde en funciones del municipio,

el andalucista Rafael Montesinos, también compareció ante la Policía –
pero no porque lo pidiera–, igualmente imputado, aunque su partido defiende que la citación de la Policía no lo aclara. También al abogado
Ignacio Pérez de Vargas le tocó declarar. A su salida aseguró haber aportado información y que se encuentra
"muy tranquilo".

El letrado, que entró en las dependencias policiales sobre las 9.55 horas y salió cerca de las 17.00 horas, indicó que ha prestado declaración informativa "sobre los hechos en los que he intervenido como abogado". Pérez de Vargas dijo que lleva "muchos años" en Estepona con su despacho y ha intervenido e interviene "en los proyectos más importantes de la ciudad", motivo por el que ha sido citado; aunque no precisó si en calidad de testigo o imputado.

Al menos 15 personas, entre testigos y nuevos imputados, están citadas a declarar en la Comisaría de la localidad.

Barrientos se defiende

La defensa del ex alcalde Antonio Barrientos presentó un recurso de apelación contra el auto de prisión incondicional y sin fianza dictado por la juez.

Barrientos, encarcelado desde el viernes, renunció a su acta de concejal y ha pedido la baja del PSOE. Cuatro de los seis ediles socialistas imputados en el caso han pedido mantener sus actas porque dicen ser inocentes.

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